Hablar de la falta de competitividad que afecta a la República Dominicana parecería un tema ya agotado, pues es mucho lo que se ha propuesto, escrito y dicho; pero es poco lo que se ha hecho para solucionar este problema que afecta quienes operan empresas o industrias en el territorio nacional.
Volvemos a tratar el tema, debido a que hace unos días el presidente Danilo Medina instruyó la reducción a tres días para constituir una empresa en el país, 60 para la obtención de permisos de construcción y para 45 la emisión del registro sanitario.
Las medidas fueron tomadas durante la segunda sesión ordinaria del pleno del Consejo Nacional de Competitividad. Las mismas, dice el Gobierno, se enmarcan en la estrategia “Dominicana Competitiva” y buscan crear una mayor cantidad de empleos, facilitación y formalización del comercio e impulsarán la productividad y las exportaciones.
Además, proyecta que el país obtendrá mejoras en el informe Doing Business a partir de estas acciones.
Para lograr las metas en los tiempos determinados, el presidente estableció tres comités integrados por representantes del sector público-privado del pleno de Competitividad, los cuales deben presentar informes en la tercera sesión del pleno, el próximo 18 de enero.
Todas las medidas que buscan mejorar los niveles de competitividad del país deben ser bienvenidas y aplaudidas por todos los dominicanos, pues al final nos benefician a todos.
Sin embargo, se requiere de algo más que medidas: voluntad de los actores llamadas a aplicarlas, que es donde en muchas otras medidas tomadas ha estado el fallo y por lo cual no se ha visto su impacto en los informes internacionales sobre la competitividad del país.
En la actualidad, para abrir una empresa en el país el promedio es de 16.5 días. Con los fines de reducirlo a tres días, el jefe de Estado ordenó que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes, el de Economía Planificación y Desarrollo, el de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, la empresaria Ligia Bonetti y Competitividad coordinen los trabajos.
Mientras que para reducir de 180 días hasta aproximadamente 60 la emisión de permisos de construcción, se ordenó la creación de una mesa de trabajo coordinada por los ministerios de la Presidencia, el de Obras Públicas y Comunicaciones, el de Hacienda, el de Medioambiente y Recursos Naturales, el de Turismo, el de Defensa, el de Salud Pública y el de Agricultura, entre otras instituciones y representantes del sector privado.
Para reducir a un máximo de 45 días la emisión de los registros sanitarios, también se creó un comité integrado por los ministerios Administrativo de la Presidencia, Salud Pública y Hacienda, además de Competitividad; los integrantes del sector privado.
Por igual, la Dirección General de Aduanas implementa lo establecido en la circular 004259, del 24 de marzo de este año, para la recepción de documentos en inglés.
Tres medidas que, más que reducir plazos para formalizar empresas, buscan comenzar a resolver un problema vital: la competitividad.
El país puede aspirar al desarrollo económico y social cuando cuestiones tan simples necesitan una serie de pasos burocráticos y mucho tiempo para los inversores (contrario a algunas naciones de nuestra región con las cuales debemos competir), lo que evidentemente nos hace menos competitivo y atractivo.