La productividad y competitividad de las empresas de cualquier país está muy vinculada a muchos elementos, los cuales, en gran medida, debe satisfacer el estado. Seguridad, electricidad, agua potable, registro y solicitud de permisos de cualquier índole, entre otros, son parte de los servicios que debe ofrecer una nación a sus empresarios y ciudadanos que desean emprender.
El que un país no cuente con estos servicios o que sean deficientes hace que las compañías e industrias que operan en él recurran a gastos extras, lo que las hace menos competitivas frente a sus competidores de cualquier otra parte del mundo, a los cuales su estado sí les brinda dichas garantías.
República Dominicana y otros países de la región tienen décadas sufriendo las deficiencias de los principales servicios públicos, como la energía eléctrica y la seguridad.
Al menos en el caso nuestro, luego de discusiones entre el sector empresarial, social y gubernamental, el país se apresta a firmar el Pacto Eléctrico, con el cual se prevé poner fin a décadas de apagones, que limitan la competitividad.
Sin embargo, mientras llega la firma acuerdo, el país ha hecho algunas mejorar para proveer con más eficiencia el servicio eléctrico, vital para muchas actividades empresariales y humanas.
De acuerdo con el informe Doing Business 2018, elaborado por el Banco Mundial, pasamos de 52.18 a 64.74 (mientras más cercano a 100 representa mejor desempeño) en cuando a obtención de electricidad.
Recientemente el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Campos de Moya, afirmó que el Pacto Eléctrico “solo dará verdaderos frutos si aplicamos cabalmente lo acordado y si existe voluntad política de cada uno de los actores para aplicarlas”.
Pero como bien citamos, el Estado dominicano no solo tiene deficiencias en la parte energética, la seguridad es otro tema que limita la competitividad empresarial, pues las empresas deben asumir costos en la contratación de servicios de este tipo para el cuidado de sus estructuras y productos.
La reforma policial es otro de los temas que han salido al debate público en varias ocasiones, pero con poco efecto en la práctica, aunque si es de consuelo, la seguridad ciudadana no es solo un tema de República Dominicana, la mayoría de los países de América Latina sufren el mismo mal.
Mientras llega una eficiente seguridad pública, un estudio de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) de este año revelaba que un 44.5% de las empresas ha sido víctima de algún delito.
Otras reformas
Además del Eléctrico, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en su artículo 36 ordena la realización de un Pacto Fiscal, que se oriente a: reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, entre otras.
Sin embargo, luego de la aprobación de esta ley, las empresas y ciudadanos sufrieron la aplicación de otro “paquetazo de impuestos”, como se le denominó a la reforma tributaria de 2012.
República Dominicana ha vivido de hacer “parches”, sobre todo en el ámbito fiscal, para cubrir las carencias que arrastramos por año, pero sin reales reformas que impacten la raíz de los problemas.
Es hora de que se hagan verdaderos cambios que impacten tanto el ámbito empresarial como social. Servicios básicos que hagan la labor de las empresas más eficiente y la vida de sus empleados más cómoda.